Cien flores y una buena noticia

Marcelo Corti

La cuestión habitacional hace necesario un fuerte liderazgo público.

La cuestión de la vivienda entra en las agendas políticas del mundo en la misma época en que lo hace el urbanismo como disciplina, en la segunda mitad del siglo XX. Y, además, por los mismos motivos: la crisis sanitaria, social y cultural generada por la rápida urbanización, producto de la Revolución Industrial en algunos casos y de las grandes corrientes migratorias (nacionales o internacionales) en otros. 

En Argentina, las soluciones intentadas desde principios de siglo XX son similares o replican las implementadas en otros lugares del mundo: la filantropía eclesiástica o empresarial, la solidaridad gremial, la regulación de los alquileres, la flexibilización de la normativa urbanística y edilicia, los grandes programas de vivienda masiva, la producción social del hábitat o la creación de mercados informales de vivienda («acordate que el suelo no es tuyo», le dice el vendedor a la compradora de una casita en una villa, en una frase que cita Cristina Cravino), los programas de mejoramiento barrial, la regularización de tenencias precarias, etc. 

Por fortuna, y aunque tuvo algunos tímidos avances, no se han implementado las políticas de «subsidio a la demanda» que generaron en Chile el problema de «los con techo», y en México la producción de ciudades fantasma en medio de la nada. Tampoco hay indicios de las urbanizaciones narco-mafiosas para pobres que se registran en otros países latinoamericanos; por ahora, los circuitos de la economía ilegal se entretejen más bien con la producción de barrios privados para sectores de altos ingresos. Recientemente se formalizó como política de Estado la urbanización estatal en procura del mejoramiento autoconstruido de la unidad residencial: la llamada Ley de Barrios Populares obtuvo una aprobación casi unánime en el Congreso en 2018. En palabras de Jorge Jáuregui: construir ciudad más que construir casitas.

Como en otros asuntos urbanos, la pluralidad de soluciones es un activo a aprovechar y no un nuevo problema que nos obliga a elegir una alternativa para que las distintas soluciones «no compitan entre sí». Parafraseando una consigna de un legendario líder chino, que crezcan cien flores… Todas las alternativas son factibles, todas pueden combinarse, todas son replicables. Si se quiere realmente avanzar en la integración sociourbana de los barrios populares (pero también si se quiere facilitar el acceso a la vivienda de amplios sectores de ingresos medios-bajos) es necesario además que los distintos niveles del Estado asuman la necesidad del liderazgo público en la producción urbana y del hábitat. Ningún país del mundo resolvió sus problemas urbanos ni de vivienda con la estrategia del Estado «facilitador» del mercado. Dicho sea de paso, esta hipótesis ni siquiera le sirve al mercado: las grandes economías capitalistas asiáticas y del norte de Europa precisaron para establecerse de fuertes intervenciones del Estado en la producción del suelo y la vivienda.

Como expresión de ese liderazgo público, hay dos estrategias claves de intervención:

• Programas de suelo urbanizado a bajo costo, que reduzcan, minimicen o, en algunos casos, directamente anulen la incidencia del suelo en el costo del acceso a la vivienda. El Programa Nacional de Suelo Urbano es un buen paso en ese sentido; debe además ser replicado en las provincias y municipios. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede trabajar en ese sentido, pero debe revisar la laxitud de sus políticas de venta de tierras públicas, fuertemente interpeladas a partir de casos como Costa Salguero o las playas ferroviarias de Colegiales.

• Exigencias de porcentaje de vivienda a precio accesible en los convenios urbanísticos que permiten el desarrollo de grandes emprendimientos inmobiliarios privados. Este es el caso de las Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) francesas o los Planes de Sector colombianos, que exigen un 20% de unidades con esas características. Esta cuestión de los convenios urbanísticos es también un tema interpelado en la Ciudad de Buenos Aires y en general en las grandes ciudades argentinas; las exigencias de vivienda regulada y protegida, sin embargo, no aparecen en los reclamos políticos y profesionales sobre su implementación. La buena Ley de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires plantea algo similar al exigir la cesión de suelo para vivienda social para la aprobación de algunos desarrollos inmobiliarios, pero esto genera una especie de círculo vicioso: se requiere aprobar barrios privados o grandes centros comerciales para obtener un mínimo porcentaje de suelo (en la práctica, la ley se aplica solo en unos pocos distritos de la provincia que han adherido a su reglamentación e instrumentado los procedimientos administrativos necesarios). 

La resolución del problema de la vivienda es probablemente la cuestión social más grave de la Argentina y está vinculada a otras de similar gravedad: el desempleo, la seguridad, la desigualdad, incluso la educación y la salud. La buena noticia es que tiene solución y que ésta puede desarrollarse en un horizonte temporal razonable: con voluntad política, una década o un poco más o un poco menos (sin voluntad política, nunca, y ésa es la mala noticia).