Pro.Cre.Ar Bicentenario

Pro.Cre.Ar se constituyó como una herramienta capaz de dar solución a las necesidades de vivienda de un amplio segmento de la población. Se instrumentó mediante la conformación de un fideicomiso público-privado, integrando al sector público como promotor mediante el aporte de tierras públicas vacantes y la financiación de la operación, y al sector privado en los procesos de gestión de proyectos y la construcción, de modo que se comportara como un verdadero dinamizador del sector de la construcción.

Se promovió un modelo de gestión de acceso a la vivienda con valores cercanos al costo, donde el Estado solventaba los costos del desarrollo durante el transcurso de las obras, mientras que el beneficiario recién iniciaba el pago del crédito una vez que finalizaban. Las cuotas, bajo la premisa de que las viviendas se hacían con salarios y se pagaban con salarios, eran similares a las de un alquiler.

El programa contó con una multiplicidad de líneas de crédito, que le permitía a una familia disponer de un amplio menú de posibilidades para ampliar, refaccionar, construir, comprar un terreno y obtener una vivienda en los más de 70 desarrollos urbanísticos que se realizaron en las 24 provincias del país, llegando a otorgar 174.566 créditos mediante sorteos públicos, y donde las familias numerosas o con algún integrante con discapacidad obtenían mayor probabilidad de salir adjudicatarias. Las tasas oscilaban entre el 3,5% y el 17%, disminuyendo en función del nivel de ingresos con el que contaba la familia, ajustando por coeficiente de variación salarial a partir del quinto año del crédito, y con la posibilidad de poder pagarlos a 20 años.

Efectos virtuosos del programa
Uno de los saldos más significativos de Pro.Cre.Ar tuvo que ver con el factor dinamizador sostenido  de la industria de la construcción, llegando a producir más de 12 millones de metros cuadrados en 3 años, utilizando el 16% de la demanda anual de cemento, y llevando la producción de ladrillos a niveles históricos. Así, se crearon 200.000 empleos directos y 100.000 indirectos, de los cuales 70.000 pertenecían a grandes empresas abocadas a la construcción de desarrollos urbanísticos y 130.000 a pymes constructoras y técnicos independientes, destinados a la construcción de viviendas individuales. En materia de empleo de la matrícula de técnicos y profesionales, hubo más de 150 estudios de arquitectura destinados a las tareas de proyecto y dirección de obra de los desarrollos urbanísticos, y miles de profesionales independientes en las tareas de proyecto y dirección de las 114.620 viviendas unifamiliares construidas en todo el país. La inversión fue de más de 59.946 millones de pesos, que en aquel entonces fueron 5900 millones de dólares.

Operatoria destacada
Entre las operatorias más destacadas del programa está la línea de desarrollos socio-urbanísticos, donde se encaró la recuperación masiva de tierra pública en los centros urbanos más importantes del país. Aunque se renunciaba a la valorización de dichas tierras, era con el doble fin de, por un lado, cubrir la necesidad de vivienda de quienes no poseían un terreno ni los medios para poder adquirirlo y, por el otro, la recuperación del valor social de tierras degradadas que contaban mayoritariamente con cercanía a servicios, conectividad y una ubicación privilegiada.

Se generó la refuncionalización, puesta en valor e integración urbana de más de mil doscientas hectáreas urbanas, con el objetivo de revertir los efectos negativos sobre el territorio y el ambiente producidos por la presencia de vacíos urbanos de diferente escala. Se generaron planes de urbanización con una amplia gama de densidades edilicias y de variabilidad tipológica, promoviendo viviendas adecuadas, garantizando su accesibilidad en términos de movilidad, la seguridad en la tenencia y, por sobre todo, garantizando la adecuación cultural. Los diseños se obtuvieron bajo un novedoso sistema de licitación pública y abierta, donde el proyecto de arquitectura era el eje de la selección de los oferentes, exigiendo la presencia de grandes áreas de espacios verdes y el despliegue de importantes reservas para equipamiento comunitario. 

Pasado, presente y futuro
Pro.Cre.Ar recuperó el crédito en la Argentina. Cambió el paradigma en las formas de producción de la vivienda y ofició como un modelo innovador de gestión para el dictado de políticas de carácter redistributivo para la población, mediante el fomento de construcción de viviendas nuevas, generando miles puestos de trabajo y el alza de consumo de materiales. Esta situación dio un vuelco durante los años 2016-2019, cuando se alteró el objetivo primigenio del programa: se lo reorientó a la compra de viviendas usadas, haciendo que, además de no generar nuevos puestos de trabajo, se agrave la situación financiera de las familias participantes, dado que cuenta con un sistema crediticio altamente indexado que recae hasta hoy sobre las espaldas de los tomadores.

El año 2020 encontró a toda la actividad económica en una baja sin precedentes, situación de la cual el programa no estuvo exento, siendo muy poco lo generado en comparación con su etapa inicial. Teniendo en cuenta que el sector viene de una merma sin precedentes, y que el programa goza de una imagen positiva muy alta, el período 2021-2023 se presenta como una oportunidad para su relanzamiento, apelando a la memoria y retomando su objetivo original, recuperando sus mejores prácticas. Se podría incluso volver a los niveles de inversión alcanzados durante 2012-2015; aunque esto depende no solo de quienes transitoriamente detenten la responsabilidad de conducirlo, sino también de los colegios y consejos de profesionales y la sociedad civil en su conjunto, exigiendo la continuidad de una política que les generó tantos beneficios a la familia argentina.