Caminando hacia la paridad de género

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), suscripta por Argentina desde 1980, y con jerarquía constitucional, reconoce el derecho de las mujeres a la existencia de medidas de acción afirmativas específicamente en el campo de la educación. Su reciente Recomendación General Comité CEDAW (2017) encomienda que se apliquen medidas para cerrar la brecha de género en los puestos directivos en todos los niveles de la enseñanza con objeto de eliminar la discriminación de las mujeres de ese ámbito: aumentar el número de mujeres en puestos directivos, examinar los procedimientos de nombramiento y promoción y eliminar las disposiciones discriminatorias que obstaculizan su representación equitativa, acabar con las culturas institucionales predominantes que ponen trabas a la promoción de las mujeres en la profesión docente, establecer metas con plazos concretos para lograr la paridad en los puestos de las universidades –directivos, cátedras, rectorados y vicerrectorados–. Además, promueve el establecimiento de políticas y cuotas para favorecer la igualdad de representación de las mujeres en los órganos rectores –claustros, consejos, órganos de investigación–.

No obstante, estos profundos cambios a nivel político y social poco han influido en la FADU, que continúa siendo un ámbito sumamente inequitativo. Desde su creación en 1901 como Escuela de Arquitectura en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y luego como Facultad de Arquitectura y Urbanismo en 1947, la cantidad de mujeres estudiantes ha crecido, siendo hoy más de la mitad de la matrícula y de las personas graduadas. Esta proporción se refleja en los inicios de la carrera docente (51% mujeres ayudantes) pero decrece a medida que se asciende a los cargos de mayor jerarquía, siendo las profesoras titulares el 30% en FADU y el 21% en Arquitectura. Lo mismo sucede en los ámbitos de gestión.

En este marco, la resolución busca revertir la persistente disparidad en la participación de mujeres y diversidades en las diferentes instancias de evaluación, ya que las mismas son momentos donde se habilitan o inhiben oportunidades a las diferentes perspectivas dentro de la producción académica y científica y, por lo tanto, la paridad de género debería ser respetada en estas instancias también. Se deben arbitrar los medios necesarios para implementar la paridad en tribunales de evaluación de dirección de institutos y centros, concursos docentes en todas las categorías y dedicaciones, concursos de becarias/os, tesis y trabajos finales de grado y posgrado; paridad en las comisiones académicas de las carreras de posgrado, comités académico-científicos para publicaciones y eventos; tribunales de registro de aspirantes, y todas aquellas instancias de evaluación realizadas en el marco de la facultad.

Otra cuestión considerada como fundamental fue que las personas responsables de evaluar deben cumplir con las políticas de formación y concientización en la temática, desarrollada por la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires y de cumplimiento obligatorio en todas las casas de estudios. La Ley N° 27.499 conocida como Ley Micaela, promueve la capacitación obligatoria de los agentes del Estado en materia de género y violencia contra la mujer, a la cual adhirió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el 81° Plenario de Rectores en 2019.

La resolución aprobada comprende tres artículos. El primero establece que se arbitren los medios necesarios para garantizar representación con paridad de género –cupo mínimo– dentro del ámbito de enseñanza, investigación y extensión en todas aquellas instancias de evaluación colegiadas cuya integración dependa de esta facultad. El segundo, que se conformen los tribunales y comités de evaluación respetando la paridad de género. Un tercer artículo, que se instrumenten mecanismos que acrediten el cumplimiento de la Ley Micaela por parte de las personas designadas para los tribunales evaluadores.

Para tomar dimensión de la importancia y alcance de esta normativa, es necesario revisar cómo al momento se han formado las instancias evaluativas en la carrera de Arquitectura. A nivel docente, los tribunales de concursos de profesoras/es regulares y auxiliares docentes han sido en su mayoría varones. Sobre estudiantes, puede mencionarse el jury o evaluación del taller de Arquitectura, que funciona desde 1996: en 2011, casi 1000 estudiantes de Arquitectura fueron evaluados en 33 tribunales compuestos por 94 arquitectos y solo 5 arquitectas. Si bien esto se ha ido equilibrando, la paridad ya no depende de la voluntad de quienes los organizan, sino de un marco institucional que garantiza el derecho de las/os estudiantes.

Cabe mencionar que aún resta un camino para desmontar la perspectiva androcéntrica en la formación arquitectónica. Hoy, ninguna arquitecta conduce las materias de Teoría (10 cátedras), Construcciones (5 cátedras) ni Instalaciones (4 cátedras). De las 8 cátedras de Morfología, solo una titular es mujer y de las 12 cátedras de Historia, solo 2. Y la más brutal de las inequidades ocurre en los talleres de Arquitectura: 27 cátedras todas a cargo de profesores varones y un plantel de profesores regulares por concurso de 64 varones –23 titulares, 5 asociados y 36 adjuntos– y solo 2 profesoras adjuntas.
 
Desde inicios de 2020, elaboramos un diagnóstico y propuestas sobre equidad, basados en nuestra trayectoria en la temática. A continuación, dicho documento fue trabajado en equipo con la comisión de Equidad y Géneros de Territorio con las arquitectas y diseñadoras Clara Mansueto, Manuela Roth, Daniela Szajnberg, Anabella Roitman, Mariana Monteserin, Carolina Antolini, Soledad Clavell, entre otros/as colaboradores y asesores. La iniciativa fue apoyada por más de quinientas firmas de personas y organizaciones.

Esperamos que este camino emprendido por FADU-UBA se multiplique en otros espacios, donde arquitectas y arquitectos compartimos y construimos conjuntamente.